Rodrigo Corzo

Rodrigo Corzo fue asesinado el 28 de Junio del 2003, a la altura del Puente Santa Rosa y el acceso Oeste (Castelar). Iba con su auto, y fue interceptado por un patrullero de la policía bonaerense. Luego de un supuesto enfrentamiento, una bala disparada por el oficial inspector CRISTIAN ALFREDO SOLANA del Comando de Patrullas de Hurlingham, atravesó la tapa del baúl, el asiento del coche y se alojó en la columna vertebral de Rodrigo. El sargento ARIEL HORACIO NUÑEZ, cómplice y testigo presencial, declaró no ver nada, por que sufre de vértigo y cuando subió al puente al mando del móvil policial, cerró los ojos y siguió manejando. Según el oficial Cristian Solana y el sargento Ariel Núñez, una persona que iba con Rodrigo se arrojó del auto al ver el patrullero y fue Rodrigo quien disparó contra los policías. Sin embargo, quedó probado que nunca existió dicho acompañante. Igualmente, los oficiales intentaron simular que hubo un enfrentamiento. Por eso, “plantaron” un arma en el auto de Rodrigo (además de que la familia sabía que el arma no era de él, se lo comprobó con pericias y testigos, y así lo afirman la fiscal y la jueza de garantías del juzgado de Morón) y consiguieron dos testigos "truchos" con el objetivo de avalar su versión. La causa fue presentada en la Fiscalía Nº 7 de Morón, a cargo de la Dra. Bustamante. El 10 de noviembre de 2004, María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, comentaba a Red Eco que se trataba de un caso paradigmático dentro de los que se denominan de gatillo fácil. "Un coche que la policía define en actitud sospechosa, un disparo y la muerte instantánea de Rodrigo. Posteriormente el encubrimiento, la modificación del escenario del crimen para hacer aparecer el enfrentamiento como hipótesis oficial, un par de testigos falsos que fueron absolutamente desenmascarados en la instrucción, y detalles objetivos acreditados pericialmente que determinan que no hubo ningún disparo desde el auto de Rodrigo, que no existió esa presunta segunda persona que, según los policías, se dio a la fuga y que sencillamente apuntaron, dispararon y lo mataron", declaraba Verdú.
El 22 de febrero de 2007, 4 años después, Cristian Alfredo Solana fue condenado a 16 años de prisión. Sin embargo el principal cómplice y encubridor el Sargento Ariel Horacio Núñez, sigue "trabajando" en la comisaria 8° de Las Catonas de Moreno.Este policía dijo durante el juicio que estaba orgulloso de Solana y de sus acciones. Por esto mismo se abrió una nueva causa por falso testimonio y encubrimiento agravado. Además se comprobó mediante pericias psicológicas y psiquiátricas que no sufre de vértigo.
Rodrigo tenía 27 años. Aparte de ser Técnico mecánico y joven, era percusionista de la murga Chinaka Murguera de Morón (una murga muy comprometida con la realidad que vivimos, una murga que nunca dudó en gritar con fuerza el cambio. Un detallito nomás). Chinaka se solidarizó en seguida con la familia, pidiendo justicia en cada presentación. Todos juntos, piden después de 6 años de la muerte de Rodrigo, la encarcelación de Núñez, quien sigue libre y trabajando apaciblemente. Piden justicia por Rodrigo, por Luciano, por Maxi y Darío, por los tantos muertos en manos de la policía. Piden y se organizan. Se organizan para resistir. Resisten para que nunca más muera un solo pibe por culpa de la corrupción.

Un “paraguayo” con buena puntería.

En la tarde del 24 de diciembre del 2006, en Vicente López se produjo otro caso de muerte por la policía bonaerense, producida por un policía con antecedentes.
Todo empezó después de 2 denuncias de robo al 911. Un patrullero de la bonaerense salí disparado y, sobre Díaz Vélez, se encontró con 2 motos “sospechosas”. En una de ellas se encontraban 3 personas, Jonathan Lorenzo (24), el conductor, Gustavo Andrés Rivero (27) y Jorge Andrés Martínez (19); en la otra, habían sólo 2 chicos. Como esta última dobló, el patrullero decidió seguir a quién tenía más personas.
El acompañante de la patrulla, “El Paraguayo” Héctor Sosa, quien había matado a “El Frente” Vital casi 8 años atrás, decidió comenzar a disparar. El primero que murió fue “Jorgito”, luego de 3 tiros en la espalda y uno en la nuca. Entonces éste calló de la moto.
Tras la muerte de uno de los supuestos ladrones, Sosa no paró de disparar. Tal es así que ha gastado todo su cartucho de 20 balas y le pidió al conductor su cartucho para continuar con el tiroteo.
Jonatan Lorenzo, que ya estaba herido de la espalda decide agarrar colectora a contramano hacia Capital Federal. Pero al poco tiempo comienza a agonizar y termina chocando. Así, Gustavo Rivero, gravemente herido es internado y, tiempo después encarcelado por “robo calificado”.
En tanto el sargento, después de la muerte de Jony y Jorgito, que eran primos, la familia se une y empieza a movilizarse y el caso, un mes más tarde se hace conocido dentro de los medios masivos de comunicación.
Magdalena, la madre de Jony, Conoció a Sabrina Sotillo, madre del “Frente” y, después de 2 horas de hablar se dieron cuenta de que a sus hijos los había matado el mismo genocida. Aquél que no tuvo comprensión por un chico indefenso y entregado; aquél que mientras esperaba su juicio por matar al “Frente” fue ascendido de cargo; aquella persona a quien “le seguían pagando para que siga matando” (como decía Sabrina Sotillo); aquél que para un juicio de un homicidio pidió perdón y lo absolvieron; aquella persona que tras matar a otros 2 chicos indefensos, mintió los testimonios, con pruebas que demuestran lo contrario. Héctor Sosa, el “paraguayo” que realiza pena de muerte en la calle y sin impunidad.

Víctor “El Frente” Vital

(el chico que quiso parar la bala con la mano)

Otro caso de gatillo fácil, nada más que en este nos tendremos que remontar a febrero de 1999. En esta ocasión, el chico se llamaba Víctor Vital, vivía en Villa San Francisco, en la localidad de San Fernando y le decían “El Frente”, porque siempre era el primero en saltar por sus compañeros.
La tarde del 6 de febrero, él, junto a Luís y Caqui, ambos de 17 años, robaron una ferretería que no quedaba muy lejos de su bario. Empezaron a correr y “El Frente” veía cómo se alejaba de sus compinches. Casi llegando al primer pasillo de la villa, Luís y Víctor entraron, como era costumbre después de todo robo, al rancho de Inés para esconder el motín y esconderse ellos también.
Los policías, que los vieron entrar a la casa de Inés Vera, irrumpieron la puerta y la cruzaron violentamente.
Una vez adentro, el sargento Héctor “El Paraguayo” Sosa, y los cabos Gabriel Arroyo y Juan Gómez, patearon la mesa. La vuelcan y descubren que, debajo de ella estaba el blanco. Mientras se escucha un grito desconsolado que dice “No disparen. Nos entregamos” y se ve a un chico poniendo la mano para cubrirse de algún posible balazo, el sargento dispara. La primera bala, que le atravesó la mano, le entró por la frente casi matándolo y, para complementar, 4 balas lo remataron. En tanto Luís, después de recibir una bala en el hombro se hizo el muerto.
El cadáver de Víctor fue llevado por la policía y devuelto a su casa 3 días después. Desde ese momento, todo San Francisco comenzó a moverse por “El santo de los Pibes Chorros”, como fue llamado tiempo después, por “El Frente”, por aquel chico que en 3 años se hizo famoso en su barrio por lo amable y bondadoso, por Víctor, el joven que robaba a los ricos para repartir entre los pobres, al mejor estilo Robin Hood.
Sosa estuvo preso un año y medio por ese homicidio, pero nunca fue pasado a disponibilidad preventiva. En el juicio lo absolvieron por “falta de pruebas”.
La madre de “El Frente” Vital, Sabrina Sotillo, sigue manteniendo esa solidaridad dentro de su casa impuesta por su hijo menor y pidiendo justicia. Sotillo es presidente de la Organización Por La Vida, una ONG en contra de gatillo fácil y la represión en las cárceles.
Tan revelante fue esta historia para el ámbito villero que hasta Cristian Alarcón le hizo un libro en 2003 llamado “Cuando muera quiero que me toquen cumbia”. Por este motivo, actualmente Alarcón tiene que ser exiliado, por mostrar un poco de toda la injusticia que nos rodea.

Walter Bulacio

El 19 de abril de 1991, cuando intentaba entrar a un recital de los Redondos en el estadio Obras Sanitarias, Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido en medio de una razzia policial junto con otras 70 personas.
Fue llevado a la comisaría Nª 35 donde lo golpearon brutalmente y al día siguiente fue trasladado a un hospital, todo esto sin dar notificación a sus padres. Walter murió en el hospital 5 días después del recital.
Por la muerte de Bulacio fue acusado el jefe de la Seccional: Miguel Angel Espósito.
Un dato importante a tener en cuenta: el oficial Silwa, quien estuvo presente la noche de la detención, estaba dispuesto a declarar contra Espósito, pero casualmente lo declararon insano y lo jubilaron.
Por la causa Bulacio pasaron más de 30 jueces, quienes concluyeron en la absolución de Espósito por prescripción del caso.
Los familiares y amigos de Walter junto a la CORREPI llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2003, se fijó fecha para una audiencia frente a la CIDH, pero el por entonces Presidente Eduardo Duhalde, firmó un decreto por el cual el Estado Argentino se asumía como responsable de las violaciones a los derechos humanos ejercidos en el caso Bulacio.
En septiembre de ese mismo año, la CIDH condenó al Estado Argentino y le impuso una lista de requisitos a cumplir, entre ellos la prohibición de detenciones de menores en las razzias.
El 3 de diciembre de 2004, por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se reabre el caso. Se vuelve a procesar a Espósito.
Luego, en 2008, después de 5 años de intimaciones, el ministro de justicia, Aníbal Fernández, dijo que había instruido a las fuerzas de seguridad nacionales para que modifiquen las normas de procedimiento ante la detención de menores de 18 años, y para que las familias y la justicia de menores sean notificadas inmediatamente, así mismo, recalcó que había prohibido a los agentes exhibirles armas a los menores.

En el 2009, 18 años después de la muerte de Walter, se apartó a la Secretaria de Derechos Humanos del rol de querellante para la reanudación del caso en juicio oral.
La fecha del juicio será fijada para el próximo año.
Actualmente, el único imputado es Espósito, pero solamente por "privación ilegal de la libertad agravada" (y no por HOMICIDIO)
Claro, porque en el expediente está declarado que Walter no fue asesinado, sino que murió por un "aneurisma cerebral no traumático".